Nvidia y AMD pagarán 15% de ventas de chips IA en China a EE.UU.
En una medida sin precedentes que podría reconfigurar el panorama del comercio tecnológico internacional, Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. han acordado remitir el 15% de sus ingresos por ventas de chips de inteligencia artificial (IA) en China directamente al gobierno de EE.UU. Este acuerdo sumamente inusual forma parte de un trato para asegurar licencias de exportación críticas, un desarrollo que probablemente generará inquietud tanto en las corporaciones estadounidenses como en los más altos niveles de Pekín.
El acuerdo se dirige específicamente a los aceleradores de IA H20 de Nvidia y los chips MI308 de AMD, dos componentes avanzados cruciales para el desarrollo de sistemas de IA sofisticados. Según fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas, que hablaron bajo condición de anonimato, ambos gigantes de semiconductores cederán una participación idéntica del 15% de sus ganancias de estas líneas de productos específicas vendidas en el mercado chino. Esto significa, en efecto, que una parte directa de su éxito comercial en un mercado extranjero clave fluirá ahora a las arcas de EE.UU. como requisito previo para el comercio.
Un modelo de reparto de ingresos como este es prácticamente inaudito en el ámbito de los controles de exportación, que suelen implicar prohibiciones absolutas, requisitos de licencia o condiciones estrictas sobre la transferencia de tecnología, pero rara vez un gravamen financiero directo sobre las ventas. Este enfoque innovador por parte del gobierno de EE.UU. sugiere una estrategia cada vez más profunda y evolutiva en sus esfuerzos por gestionar el flujo de tecnología avanzada hacia China, particularmente en sectores críticos como la IA.
Para Nvidia y AMD, dos de los principales diseñadores mundiales de chips de alto rendimiento, este acuerdo presenta un desafío complejo. Si bien la obtención de licencias de exportación les permite mantener una presencia en el lucrativo mercado chino —una fuente vital de ingresos y crecimiento—, el recorte del 15% sin duda afectará su rentabilidad y proyecciones financieras. También sienta un precedente potencialmente incómodo, planteando preguntas sobre si demandas similares podrían imponerse a otras empresas tecnológicas estadounidenses que operan en sectores o mercados sensibles en el futuro. El acuerdo también podría percibirse como una forma de “impuesto” sobre sus ventas internacionales, añadiendo una capa imprevista de complejidad a sus estrategias comerciales globales.
Desde la perspectiva de Pekín, es probable que este acuerdo sea recibido con aprehensión. Podría interpretarse como una afirmación directa del control de EE.UU. sobre las actividades económicas dentro de las fronteras de China, incluso para productos vendidos por empresas estadounidenses. Tal medida podría intensificar el impulso de China hacia la autosuficiencia tecnológica, acelerando sus esfuerzos para desarrollar alternativas nacionales a los chips fabricados en EE.UU. y reducir la dependencia de la tecnología extranjera. El contexto más amplio es la continua rivalidad tecnológica entre EE.UU. y China, donde Washington ha empleado cada vez más controles de exportación para limitar el acceso de Pekín a semiconductores y equipos avanzados críticos para su modernización militar y sus ambiciones de IA. Este nuevo modelo de reparto de ingresos añade una dimensión inesperada a esa competencia estratégica, señalando un enfoque más asertivo y financieramente integrado para la gobernanza tecnológica.
Las implicaciones a largo plazo de este acuerdo aún están por verse, pero innegablemente marca un cambio significativo en la forma en que el gobierno de EE.UU. ejerce su autoridad sobre las exportaciones de tecnología. Transforma una barrera regulatoria en un flujo de ingresos directo, estableciendo potencialmente un nuevo estándar sobre cómo las naciones gestionan las dimensiones económicas y estratégicas del comercio tecnológico global.