Acuerdo de Chips de IA de Trump: ¿Acceso a China con Peaje?

Bloomberg

La administración del presidente Donald Trump ha revelado una controvertida nueva política que permitiría al gobierno de EE. UU. tomar una parte directa de los ingresos de las ventas de chips avanzados de las empresas tecnológicas estadounidenses a China. Este arreglo inesperado, caracterizado por algunos como un mecanismo de “pago por acceso”, ha desatado un debate contencioso, generando tanto una alarma significativa como un optimismo cauteloso entre expertos de la industria y formuladores de políticas.

En el centro de este sorprendente acuerdo se encuentran dos de los principales fabricantes de chips del mundo, Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Según los términos del acuerdo, estas empresas habrían consentido en remitir el 15% de sus ingresos derivados de la venta de chips de inteligencia artificial (IA) en el mercado chino directamente al gobierno de los Estados Unidos. Este modelo de reparto de ingresos sin precedentes se presenta como una posible solución para que las empresas estadounidenses naveguen por el formidable panorama de los controles de exportación existentes, los aranceles y otras barreras comerciales que han restringido severamente su acceso al lucrativo mercado chino.

Para los defensores, particularmente dentro de la industria tecnológica, el acuerdo ofrece una vía pragmática, aunque costosa, para volver a involucrarse con uno de los mercados de tecnología de IA más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. Enfrentando estrictas restricciones de exportación de EE. UU. diseñadas para frenar el avance tecnológico de China, empresas como Nvidia y AMD han visto su acceso a una fuente de ingresos crítica severamente limitada. Este nuevo arreglo, a pesar de su significativa imposición financiera, podría abrir oportunidades para que estas empresas mantengan una presencia y compitan en China, salvaguardando potencialmente su cuota de mercado y la inversión continua en investigación y desarrollo de vanguardia. Desde esta perspectiva, representa una nueva forma de diplomacia económica, equilibrando las preocupaciones de seguridad nacional con los imperativos comerciales.

Sin embargo, la política ha encendido simultáneamente una considerable aprehensión, centrada principalmente en el precedente que podría establecer. Los críticos expresan profundas preocupaciones de que este movimiento podría señalar un cambio más amplio hacia el gobierno de EE. UU. cobrando directamente a las empresas por una amplia gama de actividades comerciales realizadas con otras naciones. Esto plantea preguntas sobre el futuro de la autonomía corporativa, el potencial de intervención gubernamental arbitraria en el comercio privado y la integridad de las normas comerciales internacionales. Se teme que dicho modelo pueda extenderse a otros sectores o regiones estratégicas, transformando efectivamente la política comercial tradicional en un sistema de peajes o tarifas de acceso obligatorios por el gobierno. Esto podría complicar las cadenas de suministro globales, disuadir la inversión extranjera y potencialmente conducir a medidas de represalia de otros países que consideren dicho reparto de ingresos como una imposición injusta o una forma de proteccionismo. Las implicaciones a largo plazo para la estabilidad económica global y el panorama competitivo de la industria tecnológica siguen siendo profundamente inciertas, lo que impulsa llamamientos a una mayor transparencia y un marco más claro para tales acuerdos poco convencionales.